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El alcance de una eventual inconstitucionalidad de la alarma sería determinante a efectos de indemnizaciones

Madrid, 17/03/2020. Imágen de Gran Vía, Callao y Puerta del Sol durante la crisis del coronavirus. Foto: Ignacio Gil. ARCHDC

Un primer borrador propone la inconstitucionalidad de varios de los preceptos del estado de alarma declarado en marzo de 2020

A la espera de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resuelva sobre el estado de alarma en base al borrador que propone la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos, los juristas consultados recuerdan que el órgano de garantías puede modular el alcance de sus sentencias. Eso es determinante a la hora de que el Estado tenga que afrontar responsabilidades patrimoniales derivadas de la restricción de derechos declaradas inconstitucionales.

De esta forma, constitucionalistas coinciden en señalar que las multas en principio decaerían fuese cual fuese el alcance de la declaración, pero solo las relacionadas con libertades restringidas. Por ejemplo, si se declarase inconstitucional el confinamiento domiciliario se caerían las multas impuestas por violar ese precepto, pero no las impuestas

por no llevar mascarilla, o superar los límites de aforo en un bar.

Las sanciones se quedarían así sin base, de manera que «el daño que hubiesen ocasionado las medidas restrictivas podría considerarse antijurídico, con la responsabilidad patrimonial correspondiente por actos del Estado-legislador» porque, aunque no provenga del legislativo, el decreto de estado de alarma tiene «rango» de ley y se aplicaría ese régimen, señalan las fuentes consultadas.

Recuerdan también que el TC puede modular los efectos de sus sentencias. Así lo dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Ese precepto establece que «las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad». En todo caso, añade ese artículo que «la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales».

Sin embargo, alertan esas fuentes, esa supuesta «irretroactividad» no alcanzaría a las sanciones que no han sido totalmente ejecutadas (como es el caso de la mayor parte de las multas) ni tampoco a los daños «que se hubiesen producido como consecuencia de la aplicación de una ley inconstitucional (artículo 32.4 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público)». Esto significa que por vía de indemnización de daños en principio sí sería posible recuperar los sufridos por las empresas como consecuencia del confinamiento ilegítimo.

No obstante las fuentes recuerdan que sin haber deliberado y votado el Pleno, sin saber si se va a declarar inconstitucional y sin ver el contenido de la resolución, es pronto para valorar las consecuencias de un fallo que todavía no se ha producido y que igual ni se produce.

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