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Edmundo Bal: «Los indultos serán una concesión más; el nacionalismo no se conforma»

El abogado del Estado y portavoz de Ciudadanos recuerda que no se cumplen los requisitos para beneficiar a los presos del ‘procés’: no se han arrepentido y volverán a la carga, advierte

Toda una vida entregada a la Abogacía del Estado. Dieciséis años como jefe del departamento Penal. Pocos políticos han vivido el ‘procés’ como el hoy dirigente de Ciudadanos Edmundo Bal, quien representó a la institución durante toda la fase de instrucción ante el juez Llarena. Hoy en situación de servicios especiales, el vicesecretario general de Cs defiende con vehemencia la imposibilidad de conceder los indultos a los presos independentistas condenados por sedición. Más allá de argumentos políticos hay razones jurídicas que lo impiden, dice.

—Han pasado casi tres años desde el Gobierno decidió prescindir de usted para el juicio del ‘procés’. ¿Se imaginaba entonces que hoy íbamos a estar en el punto en el que nos encontramos?

La verdad es

 que no, y lo he pensado muchas veces estos días al hablar de los indultos. Quién me iba a decir que, después de haber sido cesado por no querer mentir en un escrito de acusación, me iba a ver en la tribuna del Congreso defendiendo esto. Que después de haber dicho el presidente del Gobierno que iba a haber un cumplimiento íntegro de las penas, que se iba a traer a España a Puigdemont para ser juzgado y que no había ninguna manera posible de abrir la puerta a los indultos, de repente nos encontremos en esta situación… Sinceramente pensé que no se iba a atrever a que paguemos tan alto precio por que él se mantenga en el sillón de La Moncloa.

—¿Sigue pensando que en Cataluña hubo un delito de rebelión?

A mí el tipo penal me daba igual. Yo hice un escrito de acusación por rebelión; después me dijeron que lo hiciera solo por malversación, dado que la legitimación de la Abogacía del Estado era por el quebranto a Hacienda, y finalmente por sedición. Y lo hice. Y estaba muy contento con el resultado porque los hechos eran los mismos: los que resultaban de la fase de instrucción de la causa con el juez Llarena. Yo estaba en esa fase de instrucción y presencié lo que decían los policías, los investigados, los testigos… Cómo se vandalizaron los coches de la Guardia Civil, el cerco a la Consejería de Economía, cómo la secretaría judicial tuvo que salir por el tejado. Los hechos los tenía superclaros, y cuando fue cuando me quisieron hacer cambiarlos, negando que hubiera habido violencia, cuando dije que no lo firmaba. Aun así, por lealtad a la Abogacía del Estado, me ofrecí a hacer el juicio porque conocía la causa. Pero tampoco valía.

—¿Por qué siendo una herramienta legal no se puede indultar a los presos del ‘procés’?

—Pues porque no cumplen los requisitos jurídicos. El indulto se tiene que basar en razones de justicia, equidad o utilidad pública, pero también en el arrepentimiento. ¿Cómo va ser justo este indulto cuando han cumplido tres años de prisión –en algunos casos con condenas de 13–, los delitos son muy graves y atentan contra los valores y principios de la Constitución? Pero es que además hay desobediencia y malversación de caudales públicos por un importe que el Tribunal de Cuentas ha fijado en 10 millones de euros. Respecto a la equidad, ¿unos políticos que delinquen tienen mejor derecho que unos delincuentes comunes que cometen delitos más leves? Tercero, utilidad pública. Dice Pedro Sánchez que se va a desinflamar el conflicto catalán, que se van a a apaciguar las aguas. ¿Pero cuándo el independentismo ha dado un paso atrás? Si cuando le das una cosa te pide la siguiente; si estás dando los indultos y te han pedido la mesa del diálogo; si ya han salido Iceta e Illa diciendo que lo que salga de la mesa de la vergüenza quieren que sea sometido a un referéndum para ser aprobado por el pueblo catalán. ¿Pero de qué estamos hablando? Es la utilidad privada del presidente del Gobierno para seguir sentado en su sillón, para seguir utilizando el coche oficial y el Falcon. Y, por último, el arrepentimiento. Para la Sala Segunda, y también para mí, es un requisito del indulto, porque la ley de 1870 se tiene que interpretar a la luz del artículo 25 de la Constitución que establece que la finalidad de la pena es la reinserción social. Y estos señores dicen que no cometieron ningún delito, que no tienen de qué arrepentirse y que además que lo volverán a hacer saltándose incluso las vías legales. Que la gente se imagine cualquier otro delito y escuchen al delincuente que está en prisión diciendo: «como me suelten voy a volver a cometer este delito». ¿Alguien en su sano juicio piensa que esto está bien?

—¿Cree que la postura de la Abogacía del Estado en su informe de los indultos debió ser más contundente, teniendo en cuenta que en el juicio acusó también por sedición?

—Evidente. La Abogacía pudo haber acusado solo por malversación. Pero no, decidió acusar por todo. La posición poniéndose de perfil me parece absolutamente inadmisible. Pero es el mensajero, la Abogacía del Estado da la cara y tiene que hacer el papelón pero el responsable es el cliente, que es el que tiene que dar el criterio, en este caso el Ejecutivo. La Abogacía del Estado se limita a trasladarlo. ¿Ha habido en los 16 años en los que yo he sido jefe del departamento de Penal algún caso en el que la Agencia Tributaria haya dado su parecer favorable a un indulto a un condenado por un delito contra la Hacienda Pública? Ninguno, cero casos.

—¿Abogacía del Estado o Abogacía del Gobierno?

—Lo reconozco con pena porque esto está siendo así desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Yo he trabajado con gobiernos del PP y del PSOE y esto no había pasado nunca. Tengo muchos amigos ahí dentro pero procuro no inmiscuirme porque ahora mismo mi papel es otro.

—Pero imagino que le ha llegado ese malestar…

—Si yo percibo esto de una forma triste, y estoy fuera de la Abogacía del Estado, imagino que los que estén dentro, y que entienden el servicio a España como yo lo entiendo, muy contentos no deberán estar.

—¿Estos indultos traerán la concordia a Cataluña?

—No, serán una concesión más respecto a la siguiente. Nunca en la historia del nacionalismo se han conformado. Porque tienen una hoja de ruta. En el juicio del ‘procés’ lo vimos clarísimamente con la agenda ‘Moleskine’. La trayectoria del nacionalismo e independentismo es evidente. El objetivo final y no negociable, de una manera u otra, por vías legales o ilegales, siempre es la independencia del territorio y por ese camino vamos, y en esa trampa han caído el Partido Popular y el PSOE durante los 40 años de democracia que llevamos.En vez de ponerse de acuerdo entre ellos para frenar el nacionalismo han hecho que España la gobiernen durante muchos años el PNV y CiU. Y ahora peor: Sánchez ha dejado nuestro país en manos de ERC y Bildu. No miremos para otro lado. Los dos han sido culpables. Y lo que da más miedo no es tanto que estos señores salgan de la cárcel como que les estés dando la razón. Van a salir a la calle a celebrarlo, van a humillar de nuevo a los catalanes que se sienten españoles y europeos; vas a desdecir el mensaje del Rey del 7 de octubre que nos llenó de esperanza a muchos. ¿Qué es lo próximo?, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar con tal de permanecer en la Moncloa?

—¿Qué posibilidad hay de que prosperen los recursos contra estos indultos en el Supremo?

—Yo creo que en el fondo del asunto las posibilidades son muchas. Hay poca jurisprudencia en materia de indultos, pero en la mayor parte de las ocasiones cuando el indulto se concede con el criterio en contra de la Fiscalía y del tribunal sentenciador, suele estimar el recurso en el fondo del asunto porque cualquier acto administrativo tiene que estar motivado y fundado en razones de peso y consistentes, y aquí no se dan los requisitos jurídicos. En segundo lugar, nos encontramos con el problema de la legitimación de los partidos políticos. En el orden contencioso-administrativo la cuestión que se plantea esencialmente es que el interés que uno tiene que acreditar no es solo un interés legítimo, sino que tiene que ser directo. Cada sentencia que se va dictando en materia de indulto va progresando un poco más en la construcción de todo el aparato jurisprudencial, por lo que no sería descartable que, al ser la sedición un delito de contenido político, se reconociera legitimación a los partidos. La segunda opción es idear o construir una legitimación para que se establezca esa vinculación directa con el objeto del procedimiento. En eso estamos. Estoy convencido de que lo ganaremos y los condenados volverán la cárcel.

—¿La Abogacía del Estado puede recurrir?

—Claro, es víctima del delito de malversación, pero es absolutamente evidente que no lo va a hacer.

—¿Y la Fiscalía?

—Es un criterio abstracto. Hay opiniones a favor y en contra, porque aunque es la representante de los intereses nacionales difusos, no atribuidos a una persona concreta y determinada, que se protege con los delitos de rebelión y sedición y de desobediencia a los mandatos del TC, no se dice de forma expresa que pueda hacerlo en esta materia. La justificación de Lola Delgado va a ser que ninguna norma dice que la Fiscalía pueda ser parte en los procedimientos de indulto.

—Calvo sacaba pecho el otro día diciendo que al Gobierno de PP tuvo que soportar dos referendos, las leyes de la ruptura y una declaración de independencia y que ellos de momento nada. ¿Acaso hizo mal el Estado de Derecho en actuar?

—Este discurso es inaceptable. Han utilizado la pandemia como arma política arrojadiza, cuando estaba la gente muriéndose, cuando está la gente en ERTEs… Es inaceptable. Un gobierno que intentó solucionar el problema, que hizo trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que a través de la Policía Judicial quiso cumplir con los mandatos judiciales para impedir un referéndum ilegal… y decir las palabras que dijo en el Congreso Carmen Calvo… esto es una ignominia.

—El Gobierno justifica la necesidad de rebajar el delito de sedición en que hay que adecuarlo a Europa. ¿En Europa no castigan estas conductas?

—Declarar unilateralmente la independencia de una parte del territorio nacional sin seguir las vías legales se castiga con la misma pena o incluso más grave. En Alemania, prisión permanente revisable.

—Indulto, rebaja de la sedición, impedir que el TC pueda hacer cumplir sus resoluciones… ¿Cree que el Gobierno está intentado silenciar a la justicia?

—Claramente, y además no es la primera vez, es una tendencia propia del Gobierno. No nos olvidemos cuando desde la tribuna del Congreso Unidas Podemos habla del «brazo judicial armado de la derecha española» faltando el respeto a la independencia del Poder Judicial. No nos olvidemos de que han nombrado fiscal general del Estado a una persona que ha sido ministra de Justicia por las listas del PSOE atentando contra la independencia de la Fiscalía; que han tratado de repartirse una vez más con el PP los vocales del CGPJ; que han reformado a la baja las competencias de los nombramientos del CGPJ en situación de interinidad; que han tratado de variar las mayorías para elegir a los vocales del CGPJ por la misma mayoría que sostiene al Gobierno, que es absoluta; que ha tenido que venir Bruselas a decirle al Gobierno de España que nos estábamos pareciendo a Polonia y a Hungría. Todo esto dejando de lado las veces que Unidas Podemos se ha dedicado a insultar a los jueces cuando dictaban sentencias que eran contrarias a sus intereses, como, por ejemplo, la condena de Isa Serra o los muchos asuntos penales que tiene pendientes de instrucción y resolución Unidas Podemos.

—Y ante Europa, ¿no nos estamos echando piedras sobre nuestro propio tejado?

—Después de los 29 segundos con Biden cualquier cosa es posible. Pero gracias que España está en Europa porque si España no estuviera en Europa no quiero ni pensar en qué se podría convertir España. Gracias a Europa el Gobienro no tiene las manos libres para hacer todas las tropelías que pretendía hacer en relación con la separación de poderes. Desde luego damos una imagen lamentable con este tipo de iniciativas.

—El Pleno del TC debatirá esta semana una ponencia que propone declarar inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma de Sánchez. ¿En qué posición queda el Gobierno si esto es así?

—El Gobierno quizá debería haber preguntado a la Abogacía del Estado. Por ahí corre el rumor de que hay un dictamen de la Abogacía del Estado diciendo que el estado de alarma era correcto pero yo desde luego no lo he visto ni sé quién lo puede tener. Desde luego sería un varapalo para el Gobierno muy importante no haber acertado en la decisión de cuál es el paraguas jurídico o la cobertura legal para este confinamiento. Es una materia gris, vidriosa. El propio Supremo en dos resoluciones reconoció que el estado de alarma era suficiente para el confinamiento.

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