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Discrepancias en el Gobierno por los cierres sin estado de alarma

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Víctor Ruiz de Almirón – ABC

Calvo defiende que las autonomías podrán cerrar pero no hay unanimidad al respecto

No existe en el Gobierno un diagnóstico claro sobre hasta dónde se podrá llegar en las restricciones que haya que tomar a partir del 9 de mayo sin finalmente no se prorroga el estado de alarma ni tampoco se articula una reforma jurídica alternativa. Que es justo el escenario en el que está el Gobierno, generando mucha incertidumbre entre las comunidades autónomas respecto a cuál será su capacidad de respuesta real.

Ayer, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, trató de tranquilizar a las regiones planteando que el Consejo Interterritorial de Salud podrá acordar el cierre perimetral de determinados territorios cuando estén «en situación de particular incidencia», como ocurre «ahora mismo en Euskadi, Navarra y Madrid». La número dos del Gobierno defiende que en la legislación «tiene más que recursos suficientes» para todos los supuestos, exceptuando el confinamiento y la posibilidad de «inmovilizar a los ciudadanos en sus casas».

Lo que es seguro es que este esquema en la toma de decisiones deja al criterio de los tribunales superiores de justicia de cada territorio la viabilidad de las medidas. En eso no hay discrepancias, ni tampoco en el hecho de que podrían activarse perimetrajes muy concretos en algunas zonas donde se perciban casos de incidencia disparados. Pero las diferencias se encuentran en el tamaño de esos perimetrajes. Varias fuentes del Gobierno consultadas no tienen en absoluto claro que el alcance de los cierres perimetrales pueda abarcar al territorio de toda una comunidad autónoma. «No creo que pueda lograrse un aval para cierres generales», opina un alto cargo bregado en las decisiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. «Se podrá cerrar Torrelodones, pero no la Comunidad de Madrid», pone como ejemplo. Y desde luego será «prácticamente imposible» que se avale una limitación general de la movilidad. «Si cierras un territorio entero es muy posible que la respuesta de los tribunales sea que para eso ya está el estado de alarma», explican estas fuentes.

Este diagnóstico es esencialmente el mismo que el que se hace en La Moncloa, donde se deja claro que hay «herramientas suficientes» y que la validez de las decisiones dependerá de los TSJ. Pero a la vez se reconoce incertidumbre respecto al alcance de esos cierres perimetrales: «En principio no pueden ser genéricos», explican.

La incertidumbre se extiende también a las comunidades autónomas donde existen «muchas dudas» sobre que «el resto de comunidades podamos decidir el cierre de una región tercera», explican desde una de ellas. Sí creen que podrán tomar decisiones pequeñas y concretas de su territorio, como hicieron entre julio y octubre, pero recordando que incluso hubo pronunciamiento contrarios de algunos tribunales a decisiones muy localizadas. Estas dudas también se extienden entre algunas comunidades socialistas donde no convence ni el razonamiento expresado ayer por Calvo ni tampoco el plan jurídico alternativo del PP: «Las limitaciones a los derechos fundamentales tienen que estar avaladas por el parlamento y no articularse a través de legislación ordinaria», se quejan. Estas regiones, como parte del Gobierno, creen que lo mejor sería una extensión del estado de alarma como herramienta más garantista. Pero critican que el PP no garantiza su aprobación: «Buscan que el Gobierno pierda la votación para debilitarlo, es lo único que les queda».

Estas dudas se desvanecen no tanto por cuestiones jurídicas, sino por el convencimiento de que la cuarta ola «no tendrá nada que ver ni con la segunda ni con la tercera», reconocen en una comunidad gobernada por el PP. El diagnóstico del Ejecutivo es que el avance de la campaña de vacunación va a servir para hundir la curva de contagios y que el 10 de mayo «estaremos mucho mejor que hoy».

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