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Cataluña, el destino caliente que policías y guardias civiles tratan de evitar

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El ‘procés’ ahuyentó a muchos, y los que hay son menospreciados con las vacunaciones

Durante los años de plomo de ETA era el País Vasco, por razones obvias, el destino menos apetecible para policías y guardias civiles recién salidos de la academia, aunque se compensaba con incenivos como pluses de seguridad y prevalencia a la hora de pedir luego destino. Pero la banda terrorista fue derrotada, entregó las armas y la situación cambió. Todo lo contrario que Cataluña, que si bien antes tampoco era favorita para los agentes más novatos, en los últimos años el clima de crispación por el desafío separatista los ahuyenta todavía más. Ahora, la última afrenta de la Generalitat, marginándolos en los planes de vacunación, ha caído como un jarro de agua fría entre policías y guardias civiles que todavía

trabajan en suelo catalán.

Cataluña es, con diferencia, el destino menos apetecible para los jóvenes policías, según los datos que maneja el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Lo mismo ocurre en el caso de los guardias civiles, según explica a ABC Pedro Carmona, secretario de comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Esta misma semana se convocaron plazas para destinos vacantes, y la mayoría eran para Cataluña.

«Si sigo aquí, es por mi hijo»

Y es que Cataluña para muchos agentes está muy lejos, geográficamente. La vida es cara –sobre todo en Barcelona– y profesionalmente las salidas y las oportunidades que ofrece para progresar son muy limitadas. Al final, con la mayor parte de las competencias en seguridad transferidas, lo habitual es que si alguien quiere hacer carrera policial en Cataluña se decante por engrosar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. Yluego, a partir de 2012 y en especial desde 2017, el ‘procés’ desmotivó todavía más a los agentes. La mayoría evita Cataluña, y muchos de los que están valoran hacer las maletas para irse a otro lugar más tranquilo.

«Si todavía sigo aquí es por mi hijo, pero no estoy dispuesto a vivir así», relata un agente de la Guardia Civil en una conversación con ABC. Procedente de Madrid, aterrizó en Barcelona poco antes de los Juegos Olímpicos, en una ciudad que le maravillaba. Pero la deriva del ‘procés’ lo cambió todo, el «odio hacia el uniforme» de la Guardia Civil y de la Policía se impuso en el secesionismo más radical y en parte también en las calles. En cuanto su hijo sea mayor de edad, explica el guardia civil, quiere cambiar de destino para poder «vivir más tranquilo».

Los que son de fuera piensan en marcharse, pero también hay catalanes que se plantean dejar la tierra donde nacieron e irse a otras zonas de España. Así lo está valorando una agente de la Guardia Civil destinada en un pueblo barcelonés, que considera que desde 2017 «la situación es insostenible». Igual que el agente antes mencionado, si no fuera por su familia ella ya habría hecho las maletas: «Se lo propuse a mis hijos, pero no quieren irse».

Ante esta situación las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía hace tiempo que reclaman más incentivos para hacer de esta comunidad autónoma un lugar más atractiva para los agentes. Afinales del pasado año, el Ministerio de Interior aumentó los salarios de policías y guardias civiles, pero todavía no son equiparables a los que perciben los agentes de los Cuerpos autonómicos de los Mossos d’Esquadra o de la Ertzaintza. En otras zonas como las Islas, Ceuta o Melilla, los agentes tienen un complemento salarial, que varias entidades reclaman que se aplique de forma similar en Cataluña.

El sindicato Jupol y la asociación Jucil han ido más allá y pedido al Ministerio que Cataluña, por la violencia del ‘procés’, sea declarada zona de especial singularidad –implicaría un complemento salarial–, pero esta reclamación ha caído en saco roto.

A todo esto se una ahora el menosprecio de la Generalitat hacia los policías y guardias civiles a cuenta de las vacunas. De los casi 7.000 agentes de estos Cuerpos en esta comunidad autónoma, la Consejería de Salud solo ha vacunado al 15 %, cuando en el caso de los Mossos la cifra casi alcanza el cien por cien. Ante la desidia de la Generalitat, el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno asumirán la vacunación del resto.

En los tribunales

Esta discriminación del Govern ha indignado a sindicatos y asociaciones de ambos Cuerpos, hasta el punto de decidirse por la vía judicial. Aprogc ha optado por denunciar a los responsables de la sanidad catalana por delitos de odio: «Han puesto en riesgo no solo a las familias de los guardias civiles, sino también a los ciudadanos y no podemos quedarnos impasibles». El SUP, que ya hace un mes que denunció la situación, exige la «inmediata» vacunación. Más allá de la batalla judicial, esa es para ellos la prioridad.

También la sala de lo contencioso del TSJC tiene el asunto sobre la mesa.Tras un recurso de Jupol y Jucil, estudia si acepta la medida cautelar reclamada por estas entidades de obligar a la Generalitat a que retome el plan de vacunación.

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