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Bolaños y Calvo: los arquitectos del decreto de alarma quedan cuestionados por la sentencia del Constitucional

El Gobierno critica la decisión del TC como un hecho «sin precedentes» y defiende su actuación

El Gobierno apenas intentó disimular su enfado. La sentencia del Tribunal Constitucional considera que en varios puntos del articulado se estableció una limitación generalizada a la libertad de circulación que desbordó las posibilidades legales previstas para el estado de alarma. El confinamiento domiciliario total que se aplicó durante semanas fue la principal, más bien única, herramienta que el Gobierno puso encima de la mesa para responder al estallido de la pandemia.

La sentencia del Constitucional enmienda el trabajo jurídico que encabezó la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que fue quien rubricó el «Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19». Unos trabajos de respuesta jurídica en los que participó de forma principal junto a ella su hoy sucesor en el ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños. Por aquel entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno.

Ayer, tras conocerse la decisión del TC el Gobierno trasladó su contrariedad y malestar por la sentencia. Fuentes del Ejecutivo aseguraron como primera respuesta que iban a «estudiarla», pero ya antes de hacerlo ponían de manifiesto sus reparos. En primer término recuerdan que ha sido adoptada por una mayoría de seis votos contra cinco, «lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo».

«Salvó miles de vidas»

Pero Sánchez quiso poner voz y rostro a ese malestar. Con una hora de retraso respecto al horario previsto, la nueva titular de Justicia, Pilar Llop, comparecía en La Moncloa en un formato sin preguntas. En una comparecencia insólita para cuestionar al TC, la ministra aseguró que el Gobierno «respeta, pero no comparte» la sentencia. Llop utilizó argumentos de corte político y técnico para defender su posición jurídica. Tan solo reivindicó que la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que regula los estados de alarma, excepción y sitio se recoge «este supuesto concreto de crisis sanitaria», en particular en el artículo cuarto de la norma.

Pero toda su declaración se enfocó en defender la buena voluntad del Ejecutivo en sus intenciones: «Permitió salvar miles de vidas» ante una pandemia cuya evolución era desconocida, dijo. Y justificó que ante la situación de extrema emergencia «el deber» del Gobierno era tomar medidas urgentes y proporcionadas», defendiendo que en el resto de países se tomaron «medidas similares».

La Moncloa dice respetar la sentencia, pero muestra su «sorpresa» por su carácter «inédito» y asegura que «se reafirma» en que utilizar ese Real Decreto del Estado de Alarma era «absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del estado de alarma», apuntan fuentes gubernamentales. Desde el Ejecutivo cuestionan de forma clara la postura del TC: «Estamos ante una decisión sin precedentes, puesto que todos los países de nuestro entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia».

Eso de forma oficial. En privado, en el entorno gubernamental, no se asumía este duro batacazo. «Sin palabras», se reconocía un ya ex alto mandatario del Ejecutivo con mando en plaza en aquellas fechas. Desde el Gobierno se defiende que «sin esta herramienta no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días». Fuentes gubernamentales recuerdan que el Tribunal Constitucional ha dictado su fallo tras el recurso presentado por Vox, una formación que, por cierto, votó a favor del estado de alarma cuando fue presentado por primera vez ante el Congreso. Desde el punto de vista político, para defenderse de la oposición, este está siendo el principal argumento del Ejecutivo.

La decisión del TC se refiere a una decisión adoptada en marzo de 2020. Pero por su trascendencia impacta de lleno en el Ejecutivo recién renovado. Entre otras cosas porque la figura de Bolaños, ascendido ahora como hombre fuerte del Gobierno, fue ya clave esos días.

Así fue la decisión

Hasta el 9 de marzo de 2020 Pedro Sánchez trabajaba con una previsión de impacto limitado del coronavirus. La sensación que impregna el relato de las personas que esos días tomaban decisiones era la de actuar «sin grandes certezas, casi a ciegas», recuerda un miembro del Gobierno. «Lo único que teníamos claro en base a lo que nos decían era que la única solución era el confinamiento domiciliario», explica.

Otras fuentes del gabinete de Sánchez destacaban ayer que existió un fuerte debate en el Gobierno sobre los términos y la profundidad del decreto. Pero no manifiestan que existiese discusión sobre si el estado de alarma era la figura más idónea. Desde la parte de Unidas Podemos corroboran esta versión. Incluso defienden que Pablo Iglesias fue muy insistente ante Pedro Sánchez desde el comienzo de la semana del 9 de julio con la necesidad de aprobar el estado de alarma. En el Gobierno insistían ayer en privado en que no había «ni debate, ni duda» en que era la herramienta adecuada. Ayer se recordaba en el Ejecutivo que incluso por esas fechas Vox fue de los primeros partidos en reclamar un decreto de alarma.

El 13 de marzo se produjo una conversación clave. El presidente del Gobierno llama al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y le pregunta qué opina del confinamiento. Le contesta que «hay que hacerlo». Sánchez le pide que se lo argumente. Necesita cargarse de razones. Illa le dice que la coordinación con las comunidades autónomas es muy laboriosa y que el momento exigía medidas con rapidez. El presidente pregunta entonces: «¿Y podemos dirigir toda la sanidad del país desde el ministerio?». Illa responde: «No, la sanidad no, pero la salud pública sí». Esa conversación, que fue recreada para ABC con motivo del aniversario de la decisión por el entonces ministro de Sanidad, fue el detonante último de que se adoptara una medida como esa.

Pero Pedro Sánchez había empezado a trabajar en ello el día anterior. Puede ser el 12 de marzo la fecha marcada en rojo en el calendario. Fue a mediodía, durante una reunión con Carmen Calvo, cuando el presidente pidió a su número dos que empezase a trabajar en la fórmula para poder decretar la alarma. El embrión de ese decreto se gestó en menos de 48 horas. Hasta llegar al maratoniano Consejo de Ministros del 14 de marzo, que lo iba a aprobar tras un prolongado y acalorado debate. Una discusión que se centró en las actividades exentas de las restricciones y en las presiones de Unidas Podemos por incorporar medidas económicas.

Además de Calvo como responsable principal, ese decreto se cocinó entre otras cuatro personas: la jefa de gabinete, Isabel Valldecabres; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo, y el hoy ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Ellos pusieron la letra a la partitura. Pero lo cierto es que no hubo debate sobre si esa era la partitura correcta. Porque no cabe duda de que la decisión y la responsabilidad alcanza al conjunto del Ejecutivo y en primera persona al presidente del Gobierno.

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