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Baleares: 97 viviendas sociales okupadas y uno de cada cuatro recibos sin cobrar

Centro de Palma de Mallorca
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Mayte AmorósABC

El ejecutivo de Armengol lleva años con problemas para cobrar las rentas y se reconoce incapaz de perseguirlos cuando abandonan los pisos

El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol trata de solucionar el acceso a la vivienda social a golpe de expropiación a los grandes propietarios, una medida pionera en España que marca el camino para la futura ley de vivienda que prepara Pedro Sánchez. Sin embargo, el Ejecutivo balear lleva años batallando sin éxito contra la morosidad y la okupación ilegal en estos pisos. Los datos ofrecidos ayer a ABC desde la Consejería de Movilidad y Vivienda confirman que el Ejecutivo balear tiene 97 viviendas sociales okupadas irregularmente y no cobra uno de cada cuatro recibos que emite.

El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) tiene un parque de viviendas sociales de 1.806, de las que tenía alquiladas en 2020

un total de 1.669. El resto están en trámites o en reformas, mientras que casi un centenar tiene inquilinos ilegales que se han saltado la bolsa de demandantes, que supera las 4.300 personas. De las casas que están alquiladas, el Govern no cobra el 18,8 % de los 25.136 recibos que emite. A estos hay que sumar los casi 1.500 recibos que cada año dejan de ingresarse por las viviendas okupadas. En total, el Govern balear no cobra un 24,6 % de los facturas que debería cobrar.

El Govern asume que no cobrará buena parte de esta deuda. De hecho, el Ibavi reconoce que no tiene capacidad para localizar a los morosos que abandonan los pisos después de un tiempo sin pagar el alquiler. A esto hay que añadir que la voluntad del Ejecutivo balear es estudiar caso por caso los impagos y aceptar aquéllos de los inquilinos que confirmen que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Cabe recordar que Baleares es la comunidad más afectada por la Covid-19 con un descenso del PIB del 27 % y un crecimiento del paro del 47 % en un año, a lo que hay añadir más de 35.000 empleados que están en ERTE.

Por otro lado, el Govern afronta dos grandes problemas con los impagos. En primer lugar, un elevado número de morosos por voluntad propia, es decir, inquilinos que tienen dinero para abonar el alquiler pero prefiere gastarlo en otros menesteres. De hecho, el Govern calculó la pasada legislatura que al menos el 25 % de los morosos no pagaba porque no quería. En segundo lugar, el Ejecutivo regional ha detectado la existencia de mafias que se dedican a la okupación ilegal de pisos entrando en las viviendas y realquilándolas posteriormente en el mercado negro. Por ello, desde hace un año miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acompañan a los funcionarios del Ibavi en los desahucios conflictivos para ayudarles en la identificación de residentes, el acceso a la vivienda y otras labores.

El ejecutivo ha anunciado que aumentará en un 50% el parque de viviendas a lo largo de esta legislatura. Para ello, aparte de la expropiación por siete años de 56 viviendas de bancos e inmobiliarias anunciada el pasado martes, tiene en construcción 462 pisos y prevé levantar 419 más. Además, ha empezado a comprar viviendas -a finales de enero pagó más de 900.000 euros por ocho pisos del Banco Sabadell y prevé adquirir 45 más a otros grandes tenedores- utilizando el derecho de tanteo y retracto reflejado en la Ley de Vivienda balear. Esta opción permite que el Ejecutivo balear tenga preferencia para comprar por un precio de tasación pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias o viviendas de protección oficial (VPO) que se ponen a la venta.

Cisma entre ambos socios

Desde que se aprobó la Ley balear de Vivienda en 2018, el PSOE ha dado largas a su socio de Podemos a la hora de aplicarla porque se sentía incómodo con las expropiaciones. En enero de este año se abrió un cisma entre ambos socios porque la formación de Pablo Iglesias exigió a Armengol «un cambio drástico» en la política de vivienda y consideraba que era complaciente con los fondos buitre. A mediados de febrero, Armengol remodeló el ejecutivo y relevó, entre otros, al conseller Marc Pons, acusado por Podemos de ‘inactivo’. La socialista pretendía suavizar las tensiones en el seno del Pacte y, de hecho, es sintomático que una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo responsable de vivienda y hombre fuerte del PSOE en Ibiza, Josep Marí, sea la expropiación en un guiño a Podemos.

Podemos se atribuye este avance gracias a la ‘presión’ ejercida en el PSOE y reivindica su ‘impronta’ en la ley autonómica de vivienda, que abre la veda a las expropiaciones, para que la vivienda sea «un derecho y no una mercancía». Satisfecho, el partido morado avanza que esto es sólo el principio y que el siguiente paso será regular los alquileres -un tema espinoso que actualmente enfrenta a PSOE y Podemos en el gobierno de España- y aumentar el parque de viviendas sociales. De hecho, la formación morada recuerda que Baleares está lejos de la media española (0,9%) y europea (4%) con apenas un 0,3% por cada 100 habitantes. Para alcanzar el promedio europeo, Podemos calcula que faltarían 40.000 VPO en el archipiélago balear.

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