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Bajar el IVA a las mascarillas le cuesta a Hacienda seis veces menos de lo que esgrimió hace meses

Turistas caminan por el paseo marítimo de la playa de Palma de Mallorca
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Javier TahiriABC

La recaudación recoge una caída de ingresos de 43 millones en dos meses frente a los 1.568 al año que adujo el Gobierno para rechazar la rebaja en un primer momento

El Gobierno rechazó el pasado mes de noviembre admitir una enmienda de Ciudadanos para bajar el IVA a las mascarillas, del tipo general del 21% al 4% aduciendo una pérdida de recaudación anual de 1.568 millones de euros. Sin embargo, ante la elevada presión social en plena pandemia, finalmente dio su brazo a torcer días después y aprobó esta rebaja fiscal. Pues bien, la Agencia Tributaria ha comenzado a medir el impacto de la rebaja en las cuentas públicas y, entre enero y febrero, provocó una pérdida de recaudación de 43 millones de euros. Es decir, si se extrapola al resto de 2021, los menores ingresos estarían más cerca de los 260 millones anuales que de los 1.568 que esgrimió

Hacienda para rechazar la medida: seis veces menos.

Así lo refleja el informe mensual de recaudación de febrero de la Agencia Tributaria publicado ayer, que hasta ahora no había podido recoger su impacto por su tardía entrada en vigor. Junto al tipo cero en el material sanitario, la Agencia Tributaria asevera que la pérdida conjunta de ingresos por las dos medidas es de 68 millones en 2021, una cifra que «se estima en algunos casos con fuentes externas dada la limitada disponibilidad de información en los documentos fiscales».

Como fuere, el importe de 43 millones es muy inferior al que aducía en noviembre para rechazar la rebaja. Hacienda primero aludió a la falta de recaudación para no bajar el IVA a estos productos y, posteriormente, se justificó en que hasta mediados de noviembre no recibió luz verde de la Comisión Europea, tras consultarle la rebaja. No obstante, siete países europeos aprobaron, antes que España, bajadas de IVA a mascarillas, por lo que era posible haberlo aplicado al inicio de la pandemia. La carta de la Comisión a Hacienda le permitía, incluso, fijar un tipo cero.

La bajada del Gobierno solo redujo el impuesto a las mascarillas quirúrgicas, pero dejó al 21% el de las FFP2, las higiénicas o las de tela. El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió que se bajaran todas las mascarillas al tipo más bajo posible, incluso al cero, así como los geles hidroalcohólicos al 4%, ya que «son un producto de primera necesidad en la lucha contra el Covid». Países como Francia Portugal han aprobado esta última rebaja que en España no se ha producido.

En su momento, Hacienda hizo el cálculo de los 1.568 millones de euros de pérdida de recaudación si se bajaba al 4% el IVA aludiendo solo a las mascarillas quirúrgicas y basándose en un consumo diario de 50 millones de mascarillas al día -asumiendo que se desechan tras su uso cada cuatro horas- a un precio medio de 0,96 euros. El mismo día que aprobó la rebaja del IVA, el Ejecutivo también limitó a 0,72 euros el precio de las mascarillas quirúrgicas, lo que no explica ni una tercera parte de la desviación.

Como fuere, el informe de recaudación tributaria también recoge que las subidas de impuestos incluidas en los Presupuestos Generales del Estado han supuesto un alza de ingresos de solo 56 millones de euros en dos meses, si bien de momento solo ha irrumpido la subida de IRPF a los rendimientos del trabajo superiores a 300.000 euros y de 200.000 euros en la del ahorro (12 millones de euros) y la subida del Impuesto sobre Primas de Seguro del 6% al 8%, con un impacto de 44 millones en un mes.

Al respecto, llama la atención que, según la Agencia Tributaria, el efecto en la recaudación de esta última subida «fue más bajo de lo previsto por el adelanto de operaciones a noviembre y diciembre, como demuestra el hecho de que los ingresos en esos meses crecieron muy por encima de los meses anteriores».

La Agencia Tributaria aún no recoge, por el poco tiempo que ha transcurrido, el impacto de las subidas de IVA a las bebidas azucaradas o el fin de la exención al 100% de los dividendos en el exterior de las grandes empresas.

Pero estas no serán las últimas subidas de impuestos que el Ejecutivo aprobará. El Gobierno ya ha preseleccionado a los expertos que conformarán el grupo de sabios para decidir una reforma fiscal que comenzará a aplicar en 2022, por lo que estos incrementos los recogerán los próximos Presupuestos. Como abundan fuentes del Ministerio, el plan es aprobarlo por fases, de forma que cada año de legislatura se vayan incorporando nuevas medidas de una hoja de ruta a medio plazo.

El nombre de los expertos se anunciará en breve. A largo plazo la meta es acercar la recaudación tributaria de España (35,4% del PIB) a la de la UE (41,7%), con la que hay 60.000 millones de diferencia. Entre los aumentos de impuestos que Hacienda tiene en su menú figuran reducir las deducciones en el Impuesto de Sociedades: uno de los puntos que pactó con Podemos para las cuentas de 2019 y que postergó ante la crisis económica fue la introducción de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas. Montero también ve con buenos ojos crear nuevas deducciones medioambientales o que fomenten la digitalización. Y la formación morada quiere bajar el tipo nominal a las pymes del 25% al 23%.

Batalla autonómica

Junto a ello, antes de la pandemia, Montero reconoció una propuesta del Ministerio de Sanidad «en la que se plantea el aumento de impuestos al tabaco», que figura en los planes del Ministerio. A ello se le suma que Hacienda quiere continuar la senda para elevar el peso de la fiscalidad verde. Antes de la pandemia puso en información pública dos impuestos, a los billetes de avión y otro a los plásticos desechables. El propio PSOE llevó en 2018 en su programa económico un impuesto sobre los óxidos nitrosos y sobre las emisiones de los vehículos de motor. A ello se le suma la intención de continuar elevando la tributación de diésel.

Y en lo que supondrá un colosal pulso político, Hacienda también quiere armonizar los impuestos de Sucesiones y Patrimonio, con horquillas de tipos entre regiones. Ello dejaría margen a las regiones pero evitaría que Madrid bonificara al 100% el Impuesto de Patrimonio, lo que critica la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso.

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