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Aviso al Gobierno: el Supremo tumba los peajes de Guipúzcoa por discriminatorios

Los transportistas reclamarán 15 millones de euros a la Diputación Foral

El Tribunal Supremo lanza, de forma indirecta, un aviso al Gobierno en pleno debate sobre la implantación de peajes en las carreteras españolas. El Alto Tribunal acaba de revocar definitivamente las tasas impuestas por la Diputación Foral de Guipúzcoa a los transportistas en dos autovías, la N-1 (Madrid-Irún) y la A-15 (la Autovía de Navarra). Un pago por uso que la Justicia ha considerado discriminatorio.

La Diputación de Guipúzcoa implantó este particular sistema de cánones, que solo afecta a los transportistas, a principios de 2018. El sector lo recurrió pocos meses más tarde por considerarlo injusto, y la Justicia ha terminado por darle la razón. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco paralizó esta tarificación a principios

de 2020, y poco después el Tribunal Supremo ratificó este veredicto. Pese a ello, el ente foral presentó un recurso de casación ante el Alto Tribunal que acaba de ser rechazado. Ahora la Diputación debe suprimir la norma, aunque ya ha avisado de que elaborará otra para mantener los peajes en estas dos carreteras.

La decisión del Supremo, que cierra definitivamente esta batalla legal, ha animado a los transportistas a reclamar la devolución de los peajes abonados desde 2018. Según explican a ABC desde la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), el sector exigirá unos 15 millones de euros, una cuantía que se obtiene de sumar los peajes abonados y los intereses de demora. En la organización son conscientes de que la diputación resucitará los peajes, pero avisan de que esta medida «hará la bola más grande» porque desatará una nueva batalla judicial.

Pero el impacto de la decisión del Supremo trasciende el ámbito autonómico. Para empezar, las constructoras consideraban que los peajes de Guipúzcoa debían considerarse una referencia para el resto de España. De hecho, en Navarra se estudió implantar un sistema similar antes de que estallase toda esta batalla legal. Tras el varapalo del Supremo, sin embargo, son los transportistas los que consideran que este caso representa «una advertencia» para el resto de España.

Tal y como publicó ABC, la CETM firmó el verano pasado un documento con el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, en el que el número dos del ministerio se comprometía a no implantar peajes sin contar con el consenso del sector del transporte de mercancías.

Es por ello que la decisión del Ejecutivo de prometer a Bruselas la tarificación de las autovías a partir de 2024 generó estupor entre los camioneros. «Ahora parece que están menos beligerantes y hablan de respetar el acuerdo que firmaron con nosotros, aunque todavía estamos esperando tener un contacto formal con el Gobierno», explican desde la patronal. En la CETM recuerdan asimismo que «en la última década el transporte por carretera ha pagado una media anual de 11.000 millones en el impuesto especial de hidrocarburos».

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